Memoria histórica y justicia

Artículo publicado el viernes 28 de septiembre de 2018 en El Mundo:
http://www.elmundo.es/opinion/2018/09/28/5bacd0d2ca4741aa668b4662.html

Memoria histórica y justicia popular

            La llegada a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto la reactivación de la Ley de Memoria Histórica, tanto en lo que atañe a su cumplimiento, como, sobre todo, en lo relativo a su dimensión ideológica. Nadie puede ignorar que este aspecto ofrece inequívocos réditos electorales, o al menos propagandísticos, como ha demostró la propuesta del PSOE de exhumar los restos de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. En un hemiciclo dominado por la partitocracia de obediencia ciega, que tumba gobiernos a puerta cerrada con televisión en abierto, votaciones como la que tuvo lugar a propósito de ese sepulcro, sirven como parteluz, como aviso a electores. Los partidarios de extraer la que dicen momia, sintonizan con la versión histórica que se abrió paso durante la Transición, la que trata de borrar la evidencia de su origen franquista, mientras que los que tímidamente se abstienen, acusarían el peso de un lastre del que son incapaces de zafarse. En tales circunstancias, el maniqueísmo está servido, y la identificación de los grupos abstencionistas con la ultraderecha, con la caverna, responde a automatismos pavlovianos.

            La que puede llamarse «prueba de la momia», ofrece grandes prestaciones clasificatorias, aquellas que permiten a quienes la superan, acceder a esa condición inmarcesible aparejada a la llamada «superioridad moral». Una hegemonía que nos resistimos a llamar «de la izquierda», porque la izquierda se dice de muchos modos, y porque en el grupo que sustenta al actual Gobierno figura una de las derechas más arcaicas y oportunistas de Europa: el Partido Nacionalista Vasco. Para alcanzar tal estado, son necesarios varios pasos. El primero de ellos exige la puesta entre paréntesis del periodo franquista, haciendo de este un tiempo monolítico y oscuro. Paralelamente a esta simplificación, en riguroso ejercicio maniqueo, surge una imagen mitificada de la II República. Mediante esa voluntariosa pirueta, se accede a un tiempo en el que se hallan todas las justificaciones, aplastadas brutalmente por la bota militar. El golpe del 18 de julio habría venido a truncar vidas plenas, tanto las individuales como las de los pueblos, razón por la cual no es raro encontrar banderas tricolores al lado de cualquier reivindicación actual que, se supone, hubiera sido bien acogida en aquellos añorados días.

            Sin embargo, más allá de la ensoñación, el manejo de los documentos, tanto de la etapa franquista como de la segundorrepublicana, ofrece una realidad más compleja de la que nos trasmiten los que se empeñan en contarnos cómo pasó. El estallido de la Guerra Civil, propició la creación de unos tribunales populares que debían responder a una justicia adjetivada de idéntico  modo al del frente tras el cual se desarrolló. Su función era castigar los delitos de adhesión: perturbación del orden público, tenencia de armas y explosivos, divulgación de noticias útiles para el espionaje o la creación de actitudes derrotistas entre la población; y los de auxilio a la rebelión: denuncias falsas, registros domiciliarios o detenciones realizadas sin autorización, actos de pillaje, apropiación o incautación indebida, etc. Ni que decir tiene, que aquellos tribunales perseguían con dureza los delitos de rebelión y sedición, así como los cometidos contra la seguridad exterior del Estado. Hechas estas consideraciones de carácter general, queremos exponer algunos ejemplos ilustrativos del funcionamiento de la justicia popular. Para ello habremos de internarnos en la Casa del Corregidor de Cuenca, pues fue allí donde, en 2011, se encontró gran cantidad de documentación del Juzgado de Instrucción nº 1 de la ciudad. Abandonada u olvidada durante el traslado de los Juzgados al edificio de la Audiencia Provincial, hoy, decenas de expedientes y registros judiciales que abarcan desde 1665 a 1938, se conserva en el Archivo Histórico Provincial de la ciudad, accesibles para quien quiera acceder a fuentes originales.

            En los papeles referidos a la Guerra Civil, aparece una casuística que va desde los delitos más graves dentro de un contexto bélico, a otros más sutiles, que hablan a las claras del orwelliano ambiente vivido durante aquel periodo. En concreto, llaman la atención los expedientes referidos al delito de «derrotismo», tan sujeto al subjetivismo, la arbitrariedad, e incluso a la histeria colectiva inducida por esas acusaciones. Vayamos, pues, con varios ejemplos. El primero de ellos es un proceso abierto contra Fidela Muñoz Aroca, que compareció en la Comisaría de Seguridad (Grupo Civil) el 7 de febrero de 1939, acusada por el jornalero ovetense Rafael Díaz Cueto. El soldado de ametralladoras de la quinta división dijo «que al pasar por la calle de José Cobo de esta localidad, observó un grupo y oyó que una señora que en él se encontraba, se manifestaba en contra del régimen legalmente constituido diciendo “que mientras que no fuesen al frente otros individuos, no tenían que ir nadie como soldados” y esto lo decía dirigiéndose a los que se encontraban con ella, añadiendo que “todo lo que decía Negrín era mentira y que no había que hacerle caso”, por lo cual le requirió para que no formulara dichas frases, contestando ella en forma insolente, requiriendo por este motivo al guardia de la sesenta y nueve compañía llamado Claudio Muñoz Herranz para que la invitara a personarse en esta Dependencia, como así se hizo, que no tiene más que decir».

            Llamada a declarar, la detenida dijo que «se refería únicamente a que lo mismo que iban al frente todos los viejos llamados por el Gobierno, tenía que ir un individuo llamado Mariano Delgado y que reside en Villalba de la Sierra y el cual no se ha presentado a su llamamiento, y que como Negrín decía que todos los útiles que hubiesen tenían que incorporarse y este no lo había hecho, por eso lo comentaba, pero sin pretender dirigir frases en contra del Gobierno de Unión Nacional, que no tiene más que decir».

            Doña Fidela no fue la única que aludió a Negrín. A menos de dos meses del final de la guerra, las críticas arreciaban. Los movimientos fronterizos de Azaña y Negrín, hicieron sospechar a muchos que, como había ocurrido en África y Cuba, determinados sectores de la sociedad española eludirían los efectos más crudos de la guerra o, incluso, la posguerra. La ilusión popular comenzaba a eclipsarse. El 10 de febrero de 1939, Ricardo de León Cardiel, secretario del juzgado municipal de Horcajo de Santiago tuvo que declarar «por propagar vulos en contra del Régimen». El funcionario, afiliado a la U.G.T., compareció en la Comisaría de vigilancia de Tarancón, denunciado por el peluquero Severiano García Osto, sargento de la 77 Brigada, 307 Batallón, 4ª Compañía. Allí, hubo de responder sobre estas palabras, pronunciadas mientras tomaba unas copas en casa de su acusador: «Que el presidente Negrín que se había marchado al extranjero y que no sabe donde se encuentra a estas horas el Gobierno y que el doctor Negrín es un imbécil con decir que hay que resistir que si él estubiera en las trincheras no aguantaría tanto como los que están en las trincheras y que todo el territorio leal sería tomado por el telefóno cuando estuviera normalizada la situación en Cataluña y que todas estas palabras las sabía él de muy buena tinta».

            Un último expediente permite recrear aquella enrarecida atmósfera. Se trata del referido al derrotista Juan Antonio García Quintano, comerciante que habló «en contra del Régimen». El acusado había dicho «“Que la guerra no duraría ni el mes en curso; que entraría un Gobierno Militar y abrirían las puertas a todos, y que las fuerzas llevaban tres días acuarteladas en Madrid, por lo que él lo creía así”, deprimiendo con estas manifestaciones la moral pública». Aquellas manifestaciones determinaron su traslado desde la Prisión del General Porlier, al Juzgado Especial de Guardia de Cuenca.

            Los casos descritos ofrecen una visión cruda y realista, propia de una guerra civil a la que, ochenta años más tarde, sólo cabe acercarse a través de la documentación, lejos de la deformadora lente tallada por la memoria y la emotividad.