Biden: la injerencia en Centroamérica

 La Gaceta de la Iberosfera; 24 de diciembre de 2020:

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Biden: la injerencia en Centroamérica

            Bajo la espigada sombra de Barack Hussein Obama, Joe Biden fue vicepresidente de los Estados Unidos durante ocho años en los cuales dejó su sello en esa Hispanoamérica que ahora se pregunta qué efectos podría tener su acceso a la Casa Blanca. Mientras se resuelve tan judicializada cuestión, sólo cabe indagar acerca de su labor en esas tierras que, mayoritariamente, profesan la misma religión que el candidato demócrata. Para ello es necesario retroceder un lustro. En aquellos pretrumpianos días, el ex expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusó a Estados Unidos de llevar a cabo injerencias políticas en Centroamérica a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Pérez Molina realizó estas declaraciones desde una cárcel militar a la que le condujo la acusación de haber sido el organizador y beneficiario, junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, de las actividades delictivas de una mafia aduanera que cobraba sobornos a empresarios a cambio de permitirles evadir impuestos. En el inicio de un proceso que todavía sigue abierto -el llamado caso La Línea- Pérez Molina explicitó el giro dado por el imperio estadounidense en la región. Según dijo, el vecino norteño habría trocado su estrategia basada en el uso de armas y soldados, pero también en heraldos evangélicos, por la introducción de comisiones anticorrupción.

            Los hechos se remontan al siglo pasado. Al momento en el que Guatemala fue acusada de violar los Derechos Humanos y comenzó a ser supervisada por la ONU. En 1994, esta vigilancia cristalizó en la Misión de Naciones Unidas en Guatemala –MINUGUA- , cuya labor finalizó en 2003. Un año más tarde apareció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se mantuvo sin apenas actividad hasta el caso del abogado Rodrigo Rosenberg, en el que se posicionó a favor del gobierno, a pesar de la aparición de un vídeo póstumo en el que el propio Rosenberg, en caso de ser asesinado, llegaba a culpar al mismísimo Álvaro Colom, Presidente de Guatemala.​ En enero de 2010, la CICIG, actuando por mandato de la ONU y dirigida por el fiscal español Carlos Castresana, llegó a la conclusión de que Rosenberg fue quien planeó su propio asesinato. Cerrado el caso, la llegada en 2013 del juez colombiano Iván Velásquez, reputado activista ligado a las FARC y a la guerrilla colombiana, al cargo de comisionado de la CICIG, coincidió con la estancia de Antonio Guterres en la Secretaría de la ONU y con la presidencia del belicoso Obama, que envió a Guatemala al diplomático Todd Robinson. Con Robinson en ese cargo, de la mano de la CICIG, la Fiscal General Thelma Aldana comenzó a desarrollar su trabajo bajo la presidencia de la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras. Se inició así una campaña contra los exmilitares que participaron en el conflicto armado, enviándolos a prisión, donde permanecen desde hace 5 años sin sentencia. A estas acciones judiciales se sumó la erosión de los grupos mineros internacionales en el país y de las hidroeléctricas nacionales, generando una creciente inseguridad para los posibles inversores extranjeros. Todo ello corrió paralelo al fortalecimiento de las ONG´s y de los grupos indígenas, algunos de los cuales desarrollan impunemente actividades delictivas. Llegamos así al encarcelamiento de Perez Molina y a la llegada a la presidencia de Jimmy Morales, acosado en todo momento por la Corte de Constitucionalidad, en plena sintonía con la CICIG.

            Todo comenzó a cambiar con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Viéndose amenazado, el presidente Morales, apoyado por el alcalde Arzú y un numeroso grupo de diputados y alcaldes, logró sostenerse en el poder y declaró persona non grata a Velásquez, si bien esta decisión fue revocada por la Corte de Constitucionalidad (CC). Comenzó así un forcejeo consistente en que cada resolución que la presidencia tomaba en contra de la CICIG era amparada por la CC, dejándola sin efecto. Así ocurrió hasta que el comisionado salió del país, oportunidad que fue aprovechada para impedir su regreso. El pulso salpicó al propio Guterres, que defendió la permanencia de la CICIG y del comisionado en Guatemala, mientras el gobierno americano apoyaba a la nación centroamericana en contra de la ONU, con quién ya tenía marcadas diferencias que se evidenciaron en el Senado con la división entre demócratas que apoyaban y presionaban para la restauración de la CICIG y los senadores republicanos, que la acusaban de abuso de poder y de sobrepasar sus funciones por tener como objetivo la implantación de una agenda ideológica en el Guatemala. Como consecuencia de aquella pugna, Thelma Aldana, perseguida penalmente, se encuentra asilada en Estados Unidos, protegida por el sector demócrata.

            Como en tantas ocasiones, la suerte de Guatemala está determinada por los intereses políticos y económicos del gigante del Norte. Acuciado por la obligatoriedad de reemplazar durante en el próximos año a los magistrados que componen el CC, Biden, que en el pasado advirtió a Pérez Molina de que la renovación de la CICIG era una condición imprescindible para la continuidad de la Alianza para la Prosperidad, especie de plan Marshall diseñado para la región, ha recuperado aquella estrategia, volverá a plantear el regreso de tan injerente institución.

            Conforme se acerca el día 20 de enero, fecha en la cual se conocerá la identidad del presidente de los Estados Unidos, Centroamérica aguarda, sabedora de que, como reveló en su día un eminente jurista español, las togas están siempre dispuestas a mancharse con el polvo del camino.